Johannesburg. Nhlanhla Mthiyane dirige una casa minera que cotiza en bolsa y que construyó a base de papel y oportunidad, y cuarenta y un mil hogares pobres poseen una cuarta parte de ella, un acuerdo que el Estado ha certificado nueve veces y que ahora quiere calificar como fraude. Él tiene la intención de conservarlo. Advocate Thembekile Matiwane dirige una dirección anticorrupción con cuatro personas y sin dinero, y quiere que esa cuarta parte sea congelada. Lo que sigue transcurre durante cuatro años. Un pozo se incendia, un sindicato se divide, una psicóloga renuncia a su colegiación, un pasante de veinticuatro años pierde su formación profesional y una empresa que empleaba a treinta y un mil personas es desmantelada en público, legalmente, por personas que, cada una de ellas, tiene razón. La pregunta es quién debería ser el dueño del terreno. Nadie pregunta quién sigue trabajando en él.
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